Esos males sociales, en bien de la prometida modernidad que se viste muchas veces de concreto a alto costo, no siempre ocurren de manera forzosa en términos físicos, aunque casi siempre contemplan prácticas de intimidación a la gente sin recursos o la modalidad de la venta forzosa de la propiedad por aquellos que están imposibilitados de luchar contra el nuevo orden establecido.

Esas prácticas que a lo largo de la historia han sido denunciadas como violatorias de los derechos humanos de los desposeídos, también pueden arrastrar consigo a los pequeños comerciantes de comunidades pobres.

Esos son los que, lejos de hacer grandes fortunas, escasamente pueden mantener en pie su negocio para echar adelante a sus familias, y que suelen ser queridos en la comunidad porque son los que fían sus servicios, los que mueven cielo y tierra por ayudar a sus clientes habituales.

En caso de Santurce Centro, que ha sido propuesto como modelo de rehabilitación de un casco urbano, hay voces disidentes a los planteamientos del Departamento de Vivienda (DV) de que allí todo se ha hecho tomando en cuenta las necesidades de residentes y comerciantes.

Leonides Peregrín, propietario del negocio de comidas El Pollito, en la avenida de Diego, es uno de esos pequeños comerciantes que reclama un trato justo para salvar su negocio.

Peregrín compró su negocio hace 15 años a un costo de $35 mil y le ha hecho reparaciones en las que ha invertido otros $11 mil. Pero, alegó que sólo se le han ofrecido $20 mil por su pequeño restaurante si decide continuar el negocio en otro lugar y cumple con los requisitos que se le pidan. La cantidad se reducirá a $10 mil si decide cerrar el negocio.

"Uno tiene compromisos. Yo tengo una hija en un colegio, pago casa y un préstamo, inmediatamente que deje recibir dinero, estoy fracasado. Yo no puedo tirar mi familia a la calle", expresó el comerciante en una entrevista con EL VOCERO.

Dijo que con la cifra que se le ha propuesto no podrá adquirir otro negocio en ningún lugar, amén de que saldrá perdiendo su inversión de al menos $26 mil, después de la compensación.

Peregrín sostuvo que a los comerciantes de esa zona lo que les conviene es que los reubiquen allí mismo, aunque tengan que pagar un poco más porque tienen una clientela establecida que con toda probabilidad no les seguirá a otro lugar.

Eduardo Molina, del Balcón Gourmet, confronta una situación distinta porque no es propietario de la estructura del negocio, sino inquilino desde hace cinco años.

Molina expresó que "los de Vivienda vienen poco donde mí y lo que me han dicho es si yo he conseguido otro sitio y yo les he dicho que no".

Afirmó que paga una renta de $700 y que en otros lugares le piden hasta $5 mil lo cual no puede sufragar con los $5.50 que cobra por almuerzo a los empleados públicos y privados de Minillas y su entorno.

Una situación parecida relató el sastre Santiago Calderón, del negocio La Nueva Era, quien dijo que pagaba una renta de $575 y Vivienda lo que le ha ofrecido son $10 mil. Pero, todo esto ha estado en conversaciones porque no ha recibido ninguna documentación.

"Ni cartas, ni seguridad, ni ayuda, ni nada", puntualizó el sastre.

Por su parte, los portavoces de Vivienda indicaron que entienden que esos comerciantes son inquilinos a los que se les ha pedido documentación que todavía no han entregado.