El País
Martes, 14 de junio de 2005
Reclamo vecinal contra la expropiación
Por Camile Roldán Soto
end.croldan@elnuevodia.com
Las calles del barrio San Mateo de los Cangrejos en Santurce tienen un aspecto que se confunde entre lo fantasmagórico y lo caótico.
La mayoría de las casas están deshabitadas, pero los autos cubren cada centímetro de acera y muy cerca se observa el movimiento de enormes maquinarias para la construcción.
En medio de este ambiente, un grupo de diez residentes y comerciantes se mantiene firme en la lucha que comenzaron hace un año y medio por quedarse allí, resistiendo la inminente demolición de sus propiedades para dar paso al plan de revitalización de Santurce.
“Tenemos que denunciar nuevamente que este proceso de revitalización, en la forma en la que se ha articulado, ha constituido una grave violación a los derechos civiles de los residentes”, afirmó Mary Ann Hopgood, portavoz de la Junta de Acción Comunitaria San Mateo de los Cangrejos.
En una de las estructuras de la zona que todavía sobrevive en buenas condiciones los residentes, incluyendo a un anciano, denunciaron ser víctimas del acoso del Departamento de la Vivienda, que impulsa la revitalización de Santure, al presionarles “indebidamente” a dejar sus propiedades sin que se hayan resuelto demandas pendientes impugnando las expropiaciones.
El grupo tildó como un “precedente nefasto” el proceso de que se encuentra en su etapa final y permitirá la construcción de desarrollos, mayormente privados, a precios que rondan en los $300,000. Esta suma es inaccesible para algunos de los antiguos residentes cuyas casas fueron expropiadas a un precio mucho menor.
Pero Santurce, lejos de ser la excepción, parece ser la norma en lo que respecta a la visión gubernamental que impera para lograr la repoblación y rehabilitación de los espacios urbanos.
Este modelo, opinó la presidenta de la sección de Puerto Rico de la organización Anmistía Internacional, Margarita Sánchez, es el mismo que se está utilizando en Piñones y Caimito, zonas de poco poder económico y social que el gobierno no ha sido capaz de defender por falta de “una política suficientemente clara”.
“Nos llama la atención cómo anteriormente lo que es el uso de propiedades de interés público era fundamentalmente dirigido al beneficio de la comunidad. Ahora parece ser que el interés público se está concentrando con una amplitud tal que realmente está beneficiando a los grandes intereses. Esto que está ocurriendo son violaciones sistemáticas de derechos sociales y culturales, no sólo de la comunidad de San Mateo, sino de Piñones y de Caimito”, afirmó Sánchez.
Los residentes de Santurce emplazaron ayer al Colegio de Abogados y al gobierno de Aníbal Acevedo Vilá a que asuma una postura respecto a lo que está ocurriendo.
Uno de los casos más notorios en San Mateo de los Cangrejos es el de don Meinardo Cabrera, un profesor retirado de 81 años y residente de la calle Antonsanti en Santurce, cuya desorientación le llevó a firmar la opción de compra para una residencia que le ofreció una corredora de bienes raíces que visitó el área.
Don Meinardo perdería $3,000 de sus ahorros si no compra la casa. “Yo creía que no había más remedio. Pero yo deseo quedarme aquí hasta que Dios me lleve a la sepultura”, dijo el anciano.
Carlos Deliz, consultor y asesor en el área de desarrollos organizacionales del secretario de Vivivenda, Carlos Laboy, reaccionó a las denuncias del grupo defendiendo los esfuerzos de la agencia por lograr que los residentes de la zona puedan lograr un estilo de vida igual o mejor al que tenían antes de la expropiación.
Dijo que a raíz de las expropiaciones muchas familias hoy tienen un techo seguro, aunque no en Santurce.
Respecto a las denuncias de vandalismo de los residentes, Deliz dijo que una empresa está asegurando las puertas y ventanas de las casas deshabitadas para evitar la entrada de personas no deseadas.
El funcionario defendió el trato de Vivienda hacia los ancianos que residen en el área, a quienes aseguró se les ha ofrecido toda la orientación y ayuda disponible para encontrar un nuevo hogar. Señaló que aunque la agencia espera tener dentro de un mes los permisos necesarios para comenzar la demolición, no se tocará ninguna estructura mientras haya residentes en el área.
Residentes que, como don Meinardo, dicen estar dispuestos a permanecer en su hogar “hasta que venga una máquina y me pase por encima”.
